Julio Iglesias es confirmado como asesor de la PCM

Por Guillermo Román-Flores Zevallos

Los últimos acontecimientos en Tía María parecen reafirmar que el nuestro es un país donde las lecciones impartidas por la historia reciente no sirven de nada. Conga parece ya lejana para quienes sólo la vieron en el ámbito de los noticieros o desde las columnas de opinión, pero para quienes tenemos una ligazón directa con las consecuencias de ese conflicto, todo parece haber sucedido ayer. Y por eso no entendemos la tremenda torpeza de un gobierno que debería tener como referente un documento de análisis de lo que pasó en Cajamarca, para entender la dinámica de estos conflictos. No entiendo cómo se hacen llamar tecnócratas los que supuestamente toman decisiones en este gobierno.

Lo que realmente me preocupa como comunicador ligado a las extractivas es el mensaje que como industria le damos al país. En los últimos análisis de periodistas tan reconocidos como Gustavo Gorriti y otros más radicales como Gustavo Faverón la idea de una minería anacrónica totalmente desligada de la realidad peruana es la más concreta, y esta se reafirma en declaraciones como las del Sr. Gálvez de la SNMPE que banaliza al extremo el entendimiento socio político del conflicto. No parecemos tampoco haber aprendido la lección, seguimos con discursos provocadores cuando somos nosotros los que debemos enarbolar el diálogo como única solución posible. ¿Cuánto más nos vamos a manchar de sangre quienes si creemos que una minería sostenible y justa en el Perú es posible?

Con tristeza veo las barbaridades que se publican en redes sociales sobre el sector, y como nadie o casi nadie sale a responder, hace poco Faverón lanzaba una pregunta retadora ¿Quiénes saben de procesos mineros en el país, que no hayan estado manchados o signados por el conflicto? Y la verdad buenos ejemplos si existen y muchos. Cerro Verde en la misma Arequipa es una muestra exitosa de trabajo bien hecho, inversión social que impacta en cada arequipeño, y gracias a esto sus operaciones crecen en un constante abrir puertas y entendimientos con autoridades, frentes de defensa y diversos sectores productivos y agrarios. Los emprendimientos sociales de La Granja, Michiquillay y Quellaveco que pusieron la inversión social por delante de todo son una clara muestra. La relocación exitosa en Toromocho, los avances en Las Bambas, el buen trabajo que viene haciendo HUDBAY en Cusco y GOLDFIELDS en Cajamarca, son muestras de que con diálogo y participación pueden haber discrepancias y una dinámica constante de negociación, pero sin el costo de detener operaciones o peor aún con el costo de vidas humanas. La minería bien hecha si es posible y SI SE DA EN EL PERÚ. No podemos poner a todos en el mismo saco.

Nada justifica lo de Arequipa, nada es más triste que ver como el llamado Estado de derecho sucumbe ante la afiebrada valentía de los radicales empoderados por proyectos individuales, o peor aún por sus contrapartes financiadas desde el extranjero, ante la impotente mirada de quienes se dicen construir consensos y solo aplauden desde la galera. ¿Cuantas reuniones con los regantes, los agricultores, cuanta presencia real en el campo han tenido los agentes de gobierno? Les aseguro que no llegan ni al 5% en comparación a las que Marco Arana y sus amigos vienen sosteniendo en la zona. Se trata de chamba, como dicen 1% de genialidad y 99% de sudor, así es cómo se ganan también los asuntos sociales.

Una lección importante que nos deja este conflicto es que deberíamos ser más amplios y analíticos al tomar decisiones. Lo que sucedió hace un mes y medio en los estudios de RPP es lamentable. Se de muy buena fuente que esa nefasta declaración del vocero de Southern era una estrategia de presión a los radicales, impulsada por una firma de consultoría vinculada a un ex congresista fujimorista. Esa no es la forma en que las consultoras de comunicaciones serias deben trabajar en el país. Creer que los procesos de conflictividad social, se pueden solucionar como en una discusión de pareja en la alcoba, en la que uno de los dos hace su maleta y amenaza con irse y por arte de magia se solucionan las cosas, es de un análisis bien relajado por decir lo menos. Y en buena cuenta ese acto fallido fue el detonante de lo que devino en 50 días de sangre, muerte, pérdidas económicas y desolación para un pueblo. Y es que si, a veces las acciones de comunicación corporativa si cuentan y mucho.

Yo voté por Ollanta Humala por dos sencillas razones, la primera: No podía bajo ningún concepto validar la opción de la Sra. Fujimori y la segunda porque entendía que Humala había recogido en sus dos campañas anteriores el clamor de un pueblo que sentía la necesidad de un cambio, entiéndase esto cómo una opción real a los conflictos sociales (que es en buena cuenta el objeto de estudio de mi labor profesional) al tener operadores vinculados a los sectores de resistencia, un diálogo con ellos desde el gobierno sería fluido y no se estamparían en discrepancias ideológicas, pensé inocentemente. Sus operadores políticos estaban situados a la izquierda del tablero y eso le podía otorgar una mirada distinta a los temas de fondo: Relación con las extractivas y mecanismos de negociación con organizaciones de base social que la derecha no había tenido o no había logrado entender como necesarias. Tristemente ni lo uno ni lo otro, un fracaso total.

Ahora solo me hace sentido un hit ochentero de Julio Iglesias que habla de un enamorado loco que sin razones tropieza con la misma piedra y tontamente con el mismo píe.

El revolcón de la ola electoral

               “Naufragio” de William Turner

Por Guillermo Román-Flores Zevallos

Director Ejecutivo Taller Creativo Consultores

Luego de las elecciones regionales y municipales, la nueva fisonomía política del Perú destapa una gran interrogante, ¿Qué papel juega el sector productivo y empresarial en la política local?

Las del 2014 van a quedar grabadas en la historia del Perú como las elecciones que mejor retrataron el divorcio que existe entre aparato productivo y ciudadanía. Y las causas son básicamente la profunda polarización en la que vivimos, motivada por la desconfianza y una creciente desigualdad en aquellas regiones donde se desarrollan ejes productivos estratégicos.

En los últimos 15 años he podido vincularme a varios procesos sociales en donde las industrias, los emprendimientos empresariales, las reformas en políticas de estado y los procesos de la sociedad civil se encuentran con una gran barrera: La desconfianza absoluta. Y cuando se investigan las causas que la sustentan, nos encontramos constantemente con la falta de diálogo producto de diversos prejuicios.

Los indicadores de crecimiento económico, que ya con nostalgia recordamos en los últimos años, debieron dejar una estela de bienestar que por lo menos nos permita pensarnos en un país viable y enrumbado. Pero los últimos resultados electorales en los comicios del 5 de octubre nos hablan más bien de un país fragmentado y completamente descreído (en un gran sector de la población) de los motores del crecimiento económico y hay aquí varias reflexiones que deben asaltarnos como peruanos.

Hablar de desigualdad y políticas redistributivas erradas es una constante que los académicos han desentrañando en extenso, hace pocos días en la presentación del Instituto de Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico, se ensayaba un ejercicio interesante, comparaban el índice GINI de las regiones del país en un ranking de posiciones. Los resultados son bastante significativos y me quiero quedar con 4 años que para mí son emblemáticos: En el 2008 y 2009 la región más desigual del país fue Cusco y en el 2010 y 2011 mi tierra le cedió esa nada honrosa posición a Cajamarca.

En el 2008 trabajaba en Cusco y pude apreciar una interesante escalada de conflictividad reivindicativa. En este tiempo sectores radicales de la población tomaban el aeropuerto y bloquean las vías férreas con impunidad. Eran conscientes que el motor económico de la región era el turismo y no dudaron en vulnerarlo, de igual forma en el 2011 las autoridades de Cajamarca hicieron lo propio con la minería, como en anteriores ocasiones. Ejemplos abundan en el país y no es materia de estas líneas hacer un recuento.

Lo que me llama poderosamente la atención es que más allá de encontrar claves para entender el entrampamiento y tender puentes de diálogo, lo que he visto sobre todo en el caso de Conga en Cajamarca es que algunos llamados líderes de opinión, hacen todo lo contrario y se han encargado sistemáticamente de un lado y del otro de descalificar al interlocutor que se encuentra en la otra orilla de la mesa o del conflicto, descartando de plano una posibilidad de entendimiento o diálogo. Para mi es inadmisible que un columnista por muy polémico y provocador que sea le diga tarados al 50% del electorado de Cajamarca, o que descalifique de plano a diversas autoridades electas únicamente porque provienen de formas de pensamiento distintas a las que el pregona. Lo que más me asusta es que este periodista tenga seguidores que reciben con una sonrisa sus ideas y que nadie por lo menos refute con un criterio ético lo que publica.

Cómo inadmisible es también que una autoridad electa descalifique de plano una actividad económica en su jurisdicción, sin sustento técnico o validación científica tangible. Pero en nuestro país donde la desconfianza es la moneda de intercambio en los procesos sociales todo esto no solo es posible sino popular. No en vano se vota masivamente por este tipo de discursos o se compran periódicos y programas televisivos con una sonrisa cómplice al ver que se aborda con insultos y se descalifica con sarcasmo y racismo. De ambos lados de la mesa vienen los insultos.

Al descalificar al interlocutor, una autoridad electa o un vocero no solo polarizan en dos sectores vitales de la población, el productivo y el social, sino que rompen cualquier posibilidad de diálogo real y los ejemplos abundan.

Es común escuchar que cuando un líder comunal, sindical o político se opone o pone trabas a la inversión de inmediato sale la justificación “Tienen un objetivo político” cómo si eso fuera malo. (Y muchas veces lo es, en un país donde política es sinónimo de corrupción) Pero partamos de la idea que vivimos en un país de libre pensamiento y que la política es el ejercicio ciudadano del poder y en ese sentido las empresas también tienen un rol en el imaginario político, sobre todo en entornos regionales y comunales. En ellas se cristalizan las expectativas más importantes de superación, se gestan los motores de la economía y el trabajo, pero a su vez son también factores de desigualdad, y porque no decirlo de frustración. Los discursos políticos se alimentan justamente de estos anhelos, temores y desencuentros. ¿Son entonces las empresas parte del discurso político? Claro que sí, que ganen candidatos anti-mineros en zonas de proyectos con Estudios de Impacto Ambiental aprobados o que gane el candidato de Tierra y Libertad en la cosmopolita Urubamba, donde se desarrolla el turismo de lujo en el país, no es más que una confirmación de esta tesis.

No pretendo decir que las empresas jueguen al rol de la política partidaria, pero definitivamente deben estar atentas a las tendencias alrededor de su emplazamiento, su fuerza de trabajo, su cadena logística y de sus proveedores. Conocer cómo se mueven estas tendencias y la correlación de fuerzas en su justa medida, es un gran indicador para las relaciones comunitarias, las políticas de empleo local, los emprendimientos de responsabilidad social y la relación con autoridades y gobierno. Asumir que este conocimiento se centra en el diálogo con los actores políticos de la comunidad, sin distinción del color de camiseta que tengan, es vital para tomar buenas decisiones. Sin embargo guardar un lugar neutral durante los procesos electorales es también importante, además de una práctica correcta y ética.

Conozco de cerca las experiencias de empresarios o ejecutivos de importantes empresas que son estratégicas para diversas regiones, que actúan bajo estos principios de neutralidad y diálogo abierto y los resultados electorales en sus entornos más cercanos han sido por demás alentadores porque empatan los intereses de la comunidad al del desarrollo de sus negocios.

Queda claro que el camino está en profundizar el conocimiento del tejido social del que se componen nuestros electorados, la construcción de sus discursos políticos y el rol que las actividades económicas juegan en sus imaginarios. Sólo así podremos proponer entornos de diálogo con agenda común, donde las naturales discrepancias se discutan y se negocien. Sin que el ruido de la discrepancia y los discursos perturbadores enturbien el rumbo con veneno en formato tabloide.

¿Asfixiados por la burbuja?

Por: Víctor Aubert Rothgiesser, Director de Taller Creativo Consultores

Poder decidir respecto a las políticas públicas, desde los diferentes sectores del gobierno, es un privilegio que solo algunos tienen, y que debería utilizarse para mejorar la calidad de vida presente y futura de más de 30 millones de peruanos (de todas las edades y de todas las regiones).

Sin embargo, en la práctica, muchas decisiones se tomarían sin considerar el impacto real que podrían tener en la población. A veces se parte de supuestos lógicos de un modelo teórico global repleto de indicadores, sin tener en cuenta por un lado los fundamentos del comportamiento de diferentes grupos de peruanos ni sus expectativas y, por otro lado, sin considerar las implicancias propias de la implementación de cualquier cambio que se realice (trámites, costos, responsables, etc.)

Pareciera que una buena parte de quienes tienen en sus manos decidir las políticas públicas y su implementación viven atrapados en una burbuja que los lleva a omitir en sus análisis la dinámica real que impera en la vida de la mayoría de los millones peruanos, en las diferentes regiones del país, y las falencias propias de un Estado que a pesar de haber casi triplicado su presupuesto en 10 años, no muestra mejoras claras en la prestación de servicios a sus ciudadanos.

Por ejemplo, bajo la noble idea de “asegurar la vejez de los peruanos”, se diseñó una reforma del sistema previsional que contemplaba la inscripción obligatoria de los trabajadores independientes y aún contempla, sin reglamentar todavía, la inscripción obligatoria de los trabajadores de las MYPES y de los dueños de estas. Sin embargo, en el análisis no se contempló el impacto de la reducción de ingresos presentes en estos grupos de peruanos, ni se analizaron las expectativas de estos millones de compatriotas.

Por otro lado, se habla mucho de que un problema del país es la informalidad, y se diseñan políticas públicas para combatirlas con más regulación, sin considerar que tal vez la informalidad no es el problema en sí, sino la consecuencia de una maraña reglamentaria que asusta a muchos y que tiene una serie de implicancias no contempladas desde la burbuja de los tomadores de decisiones, para quienes la simplicidad y facilidad no suelen ser atributos relevantes cuando se trata de diseñar políticas públicas.

Si queremos dar un salto adelante como país, necesitamos que nuestros funcionarios públicos entiendan, en primer lugar, que están en sus puestos para servir a todos y cada uno de los peruanos (no sólo a unos cuantos privilegiados) y, en segundo lugar, cómo viven, cómo trabajan, qué necesitan y qué esperan en el futuro los ciudadanos a los que deberían servir.