¿Asfixiados por la burbuja?

Por: Víctor Aubert Rothgiesser, Director de Taller Creativo Consultores

Poder decidir respecto a las políticas públicas, desde los diferentes sectores del gobierno, es un privilegio que solo algunos tienen, y que debería utilizarse para mejorar la calidad de vida presente y futura de más de 30 millones de peruanos (de todas las edades y de todas las regiones).

Sin embargo, en la práctica, muchas decisiones se tomarían sin considerar el impacto real que podrían tener en la población. A veces se parte de supuestos lógicos de un modelo teórico global repleto de indicadores, sin tener en cuenta por un lado los fundamentos del comportamiento de diferentes grupos de peruanos ni sus expectativas y, por otro lado, sin considerar las implicancias propias de la implementación de cualquier cambio que se realice (trámites, costos, responsables, etc.)

Pareciera que una buena parte de quienes tienen en sus manos decidir las políticas públicas y su implementación viven atrapados en una burbuja que los lleva a omitir en sus análisis la dinámica real que impera en la vida de la mayoría de los millones peruanos, en las diferentes regiones del país, y las falencias propias de un Estado que a pesar de haber casi triplicado su presupuesto en 10 años, no muestra mejoras claras en la prestación de servicios a sus ciudadanos.

Por ejemplo, bajo la noble idea de “asegurar la vejez de los peruanos”, se diseñó una reforma del sistema previsional que contemplaba la inscripción obligatoria de los trabajadores independientes y aún contempla, sin reglamentar todavía, la inscripción obligatoria de los trabajadores de las MYPES y de los dueños de estas. Sin embargo, en el análisis no se contempló el impacto de la reducción de ingresos presentes en estos grupos de peruanos, ni se analizaron las expectativas de estos millones de compatriotas.

Por otro lado, se habla mucho de que un problema del país es la informalidad, y se diseñan políticas públicas para combatirlas con más regulación, sin considerar que tal vez la informalidad no es el problema en sí, sino la consecuencia de una maraña reglamentaria que asusta a muchos y que tiene una serie de implicancias no contempladas desde la burbuja de los tomadores de decisiones, para quienes la simplicidad y facilidad no suelen ser atributos relevantes cuando se trata de diseñar políticas públicas.

Si queremos dar un salto adelante como país, necesitamos que nuestros funcionarios públicos entiendan, en primer lugar, que están en sus puestos para servir a todos y cada uno de los peruanos (no sólo a unos cuantos privilegiados) y, en segundo lugar, cómo viven, cómo trabajan, qué necesitan y qué esperan en el futuro los ciudadanos a los que deberían servir.